Hace poco, y coincidiendo en el tiempo con el ascenso de Hamás al gobierno de Palestina, conocíamos que la filial del Arab Bank en España quería reanudar sus actividades financieras. Para ello, ha remitido el correspondiente informe al Banco de España y ha puesto en conocimiento de algunos de sus acreedores, entre los que se encuentran las primeras formas bancarias españolas, su intención de fortalecer sus operaciones en territorio español.

El estrangulamiento financiero orquestado por EEUU y la UE para castigar a Hamás por su victoria electoral, al considerarla una organización terrorista, tiene como objetivo, en teoría, hacer imposible la acción de gobierno de los islamistas. Ni siquiera el llamado a la colaboración del laico presidente de la ANP, Abu Mazen, sirve, de momento, para que los contribuidores cambien de opinión.

Pero no está tan claro que Hamás no obtenga el sustento económico que precisa para poner en marcha su programa de gobierno. Ni siquiera resultaría obligatorio que Hamás hiciera las concesiones a la moderación que le solicitan los vigías occidentales.

Los canales de financiación del entramado social y religioso montado por la organización en los territorios palestinos se ha sustentando en el sentido originario de la solidaridad que ha caracterizado históricamente al Islam desde su fundación.

No parece que lo tenga fácil, en España, el Arab Bank para empezar a operar desde su oficina en el Paseo de la Castellana. Más que nada, por la ausencia de garantías financieras que necesitan los acreedores para avalar un proyecto del que no han obtenido, no ya beneficios, sino una mera compensación económica, desde que se desinfló su actividad hace algunos años.

Hamás, nos advierte el aparato contraterrorista americano, ha sustentado su fundamentalismo religioso en un aparato social que ha aprovechado los déficits del Estado para atender a la sempiternamente desfavorecida población palestina. Con este antecedente, es lógico preguntarse por cómo actuarán ahora que son Gobierno.

Para empezar, puede pensarse en una mayor fiscalización de su recaudación, una tarea que, se supone, corresponde tanto a organismos independientes como al deseo, al interés y a la voluntad de la propia Hamás de aclarar sus cuentas, una vez que han alcanzado el objetivo. Pero es lógico pensar que Hamás decida enrocarse ante los anuncios hechos por las autoridades americanas y europeas, al tiempo que correrá la sospecha que el movimiento palestino seguirá viviendo de un smuggling con el que colaboran no sólo Estados como Irán, Arabia Saudí o Siria, sino ese referente de la acción árabe chií que es Hizbullá.

De momento, y a la espera de cómo reacciona el Arab Bank de Madrid, la oficina neoyorkina ha sido sancionada por la Secretaría del Tesoro, como resultado de una investigación interna que revela el desvío de fondos del banco con destino a fundaciones de Hamas en Gaza.

Pero esta orden fue anterior a la asunción de responsabilidades políticas por parte de Hamas. Ahora, es cuestión de preguntarse por la legitimidad de operaciones internacionales destinadas a financiar un gobierno, no olvidemos, que emanó de la voluntad popular de los palestinos. Y de acuerdo con las exigencias democráticas de quienes ahora se niegan a renocer al vencedor en las urnas.

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