No resulta difícil encontrar en foros diversos críticas mordaces a las políticas de subvenciones de las que se benefician las llamadas energías renovables o alternativas. Por el contrario, la otra alternativa a los combustibles fósiles, la energía nuclear, parece resultado de una encomiable iniciativa privada, apenas mancillada de intervencionismo en lo que a financiación se refiere, pero que suele arrastrar, sin embargo, generalizadas críticas en cuanto al funcionamiento de las centrales y más aún en lo referente al tratamiento de los residuos.

A pesar del creciente rechazo popular en la nómina de municipios candidatos a albergar el Almacén Centralizado Temporal de residuos nucleares, cuya ubicación se resolverá previsiblemente en diciembre de este año, las críticas a la gestión de lo nuclear en España apenas se han centrado en la vertiente financiera. Todo lo contrario de lo convencionalizado para las denominadas energías limpias, condenadas a hacerse un hueco entre la simpatía popular y las diatribas de algunos expertos que la rechazan por ineficaz y por ser un pasto de ayudas administrativas no siempre, dicen, bien justificadas.

Lo cierto y verdad es que, en consonancia no ya con la tradición nuclear de Francia, sino con el debate suscitado en potencias europeas como Inglaterra o la misma Alemania, en el caso de España la postura oficial respecto de lo nuclear se ha ido matizando en relación a lo que recogía el programa electoral del partido que sustenta el gobierno central y de lo que el propio presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, proclamó, sobre este tema, en su discurso de investidura.

Mi percepción es que se está imponiendo, no sólo en determinado sectores sociales, sino también en el discurso oficial, la razón económica sobre otro tipo de consideraciones. En realidad, se trata de una opción legítima que un gobierno democrático puede adoptar en virtud de la representatividad que le ampara y que fue obtenida en una concurrencia electoral. Es decir, que puestos a elegir alternativas y teniendo también en cuenta las repercusiones económicas de Kyoto (que no parecen tan abrumadoras como ciertos discursos también se encargaron de proclamar), no parece del todo malo que se opte por la eficiencia y el ahorro como criterio discriminador del apoyo estatal a determinadas energías, como es el caso de la nuclear.

No obstante, si el criterio empleado para decidir la apuesta por una determinada alternativa es el financiero, quizá habría que tener en cuenta algunas consideraciones. Por supuesto, sin entrar en otras consideraciones y debates en torno a la seguridad de lo nuclear o la eficacia de las renovables.

Por ejemplo, la electricidad de origen nuclear no incorpora el coste de desmantelamiento de las centrales nucleares, que sufraga Enresa, que, preciso es recordarlo, se trata de una empresa pública y que, por tanto, pagamos entre todos. El kilowatio nuclear tampoco incorpora los gastos derivados del futuro e inminente almacén centralizado de residuos o el coste de un accidente. Afortunadamente, la siniestralidad de las centrales es mínima, pero no por ello del todo descartable. Además, sí se han producido incidentes en centrales españolas.

Más de subvenciones; con datos de la Comisión Europea, las energías basadas en combustibles fósiles han recibido, bajo diferentes pretextos y coberturas, unos 10.000 millones de euros de subvenciones, por los 5.000 destinados a la energía nuclear. Por el contrario, las llamadas energías limpias se han visto beneficiadas con un monto que no superaba los 1.500 millones.

Algunos de estos datos economicistas merecen ser completados con otros que nos sirvan para tener una perspectiva más general del supuesto ‘gran impulso’ a las renovables que ofrece la administración pública. Y es que, actualmente, España cuenta con 5 kWh de radiación solar al día sobre cada metro cuadrado, pero las instalaciones de agua caliente de fuente solar no alcanza el medio millón de metros cuadrados. Mientras, Alemania con la mitad de radiación, tiene más de seis millones de metros cuadrados de instalaciones del mismo tipo. De hecho, cuando se habla de la dependencia energética de España, sería conveniente dejar de lado el discurso lastimero y empezar a subvertir una situación como es la que afecta a la energía de fuente solar: Alemania tiene ya 500 MW instalados, mientras que en España no se llega a la décima parte.

No obstante, hay que ser cautelosos y seguir comparando y estudiando un asunto de tanta trascendencia como las fuentes de energía en un mundo donde la energía es cada vez más un elemento de posicionamiento estratégico. De hecho, y a pesar de los relativos esfuerzos de la UE por establecer una política energética común, está meridianamente claro que la cuestión de la energía se sigue abordando desde una óptica individualizada. De hecho, se entiende como una cuestión fundamental en la construcción de soberanía.

En cualquier caso y mientras se resuelve la incógnita del futuro nuclear en España, hay que resaltar, en positivo, un esfuerzo por crear una red de paneles solares en las viviendas, tal y como se recoge, por ejemplo, en el Código Técnico de la Edificación que hará obligatorio ­cuando entre en vigor en el mes de octubre ­ las instalaciones solares de agua caliente en todos los edificios de nueva construcción y en las rehabilitaciones de más del 25%. Por supuesto, la normativa no ha estado exenta de críticas…bajo un criterio economicista, claro. Aunque, yo no estaría tan seguro del argumentado encarecimiento de las viviendas que llevaría aparejada la aplicación del Código.

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