Hace ya una semana escribía la misma noche en que se conocía la oferta de Acciona por el 10% de Endesa que tras la especulación del ladrillo y a la vista de los vaivenes del petróleo y las commodities era probable que la llamada la energía finalista, como la eletricidad, fuera carnaza de movimientos especulativos.

Lo probable ha pasado a ser lo posible, con una pregunta que sonaba en off: ¿Estamos ante el fin de un cierto derecho no escrito, pero sí ampliamente socializado, a disfrutar de energía dentro de unos márgenes de accesibilidad y con precios y un servicio razonables?
Obviamente, lo que planteaba era la cercanía de un anuncio en pro de la liberalización total del sector y el fin de unos precios regulados. Es el “bendito mercado” del que hablaban los grandes accionistas de Acciona y ACS con ocasión de sus ofertas por Endesa y Unión Fenosa, respectivamente.

Ahora, lo cercano puede ser inminente. Y lo peor es que viene con aviso: nadie garantiza aquí que la liberalización conlleve una rebaja de tarifas. Más bien lo contrario. Lo ha anunciado el recién aupado a Industria Juan Clos, en lo que es toda una pirueta del gobierno para que lo ciudadanos paguen el coste de un sector energético fuerte, pero cada vez más concentrado, aunque hable español.

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