Además de otras consideraciones, el caso de Air Madrid refleja un estado de cosas: la de cierto empresariado que considera que siempre va a obtener el respaldo de la administración en cada una de sus actuaciones.

Los responsables de la compañía aérea que ha dejado literalmente tirados -han sido ellos y no el Ministerio- a cientos de pasajeros en terminales de Madrid y Barcelona nunca creyeron en la efectividad de las advertencias de la Dirección General de Aviación Civil. Quizá porque no estén muy acostumbrados a escuchar a nadie. Ni a la administración ni, como ha podido apreciarse en la trayectoria de esta empresa, a los clientes.

Échenle un poquito de sal a la ensalada y comprobarán que existen ciertamente similitudes en el proceder de Air Madrid con otras empresas cortijeras. Creen que la administración siempre se sumará a sus intereses y cuando obtienen una resolución en contra echan mano de la presunta consideración sacrosanta de libertad de mercado para justificar determinadas actuaciones que lindan con lo ilegal.

Ciertamente, es un modus operandi que tiene cierta lógica. La lógica de que el poder reside en el mercado y no en los gobiernos, por mucho que estos sean elegidos por los ciudadanos y el primero sea un ámbito de gobernanzas de las empresas, por y para las empresas y que tiene como sujeto pasivo al consumidor.

Observen de cerca la actuación de Air Madrid y compárenla con las del inefable Paco el Pocero. Este afamado constructor, adicto a actitudes caciquiles y que se cree con derecho de pernada, mandó a sus trabajadores a manifestarse contra el Ayuntamiento del municipio toledano de Seseña por la conservación de sus puestos laborales. Además, en una exhibición de poderío folclórico, Pocero se despachó con un “quién se ha creído el alcalde” de Seseña, ese intruso que se ha propuesto obstaculizar el disparate ecológico que ese revival de Señor de la Guerra, Paco el Pocero, quiere materializar levantando una ciudad nueva en el municipio.

Si tienen las aspirinas a mano, abran el cajón. Con la lupa en la mano y tirando de la manta, uno se encuentra con otro paralelismo: el del rechazo de cierto sector empresarial andaluz al Plan de Ordenación territorial de Andalucía (POTA). Ya saben, ese instrumento judeo-masónico-intervencionista-marxista-leninista que impide que los PGOU de los municipios andaluces incluyan un incremento residencial por encima del 30% y un crecimiento poblacional por los alto del 40% con respecto a la puesta en marcha de los ordenamientos urbanísticos de nueva aplicación.

De hecho, no hace mucho tuvimos que desayurnarnos con las muy pocas halagüeñas previsiones del presidente de la Confederación Empresarial Andaluza (CEA), quien hablaba literalmente de “desastre” para la economía andaluza (habrá legiones de parados, nos advierten) como consecuencia de la aplicación del POTA.

Miren por donde, ahora resulta que, en lo referente al ladrillo, los catastrofistas ya no son esos ecologistas de alada imaginación que sólo ven destrozo ambiental por todas partes, sino esa clase empresarial que exige de la administración que no meta sus narices donde no debe. Al fin y al cabo, no dejan de ser solidarios, pues saben que la cosa huele mal, muy mal.

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