A principios de 2008, la consejera de Obras Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía, Concha Gutiérrez, tendrá que abandonar su cargo. Lo hará en cumplimiento de la ley y buscando ocupar un sillón en la Carrera de San Jerónimo a partir del 9 de marzo. Quién sabe, si por la demiúrgico cuestión de las cuotas, resulta catapultada a algún puesto de responsabilidad en el Gobierno si el PSOE resulta vencedor en las Legislativas. Pero no entremos en el terreno de las hipótesis y centrémonos en la realidad para analizar cómo el departamento de Gutiérrez se ha hartado de nadar durante una legislatura y media para terminar ahogándose en la orilla.

Vayamos, pues, en los hechos empíricos, con independencia de que también son objeto de hermenéutica. Pero mi interpretación es la siguiente: la Administración autonómica, con competencias bien definidas sobre la ordenación del territorio, se ha chocado con la fuerza del mercado y ha perdido la afrenta por la vía de las flexibilización, es decir, de la desnaturalización de los principios rectores. Me explico: el diseño del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, el famoso y vilipendiado POTA, ya representaba, a todas luces, un asidero para todos aquellos que vieron en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, la menos conocida , pero no por ello menos atacada LOUA, el epítome del intervencionismo y la mayor amenaza a su jugoso rancho de plusvalías y dinero rápido.

Incluyan ustedes en el bando de los que se pusieron alerta a los ayuntamientos, pues de sobra es conocido el poco escrupuloso empleo de suelos de titularidad municipal como vía de financiación, con la excusa perfecta de que necesitaban dinero  para afrontar una cartera de servicios y competencias cada vez mayor. Pura mentira, diáfano convencionalismo que ha llegado al ciudadano, pues de lo que se trataba era de engrosar la ristra de empleados municipales por la vía de la libre designación, la suprema confianza, las adhesiones inquebrantables y el partidismo barato. Vendo suelo ­de todos­ para financiar a unos pocos, los míos, mis leales…¿Qué han hecho durante tanto tiempo el Ministerio Fiscal, las cámaras de cuentas, las subdelegaciones del Gobierno y las administraciones autonómicas? Casi nada. Todo fue un déja vu, cuyas consecuencias están a la orden del día, porque las arcas municipales siguen teniendo un estado paupérrimo y porque, de camino, se han cargado el entorno. Un disparate total.

Pero la LOUA también fue un mazazo para los promotores. Y, por supuesto, para los especuladores. Todavía quedaba mercado, pero los límites legales definidos en la nueva reglamentación achicaba el campo de actuación. Los agentes que comían del maná del urbanismo han tenido cinco años -¡todo un lustro!- para buscar soluciones, diversificar, legalizarse o, simplemente  terminar promociones. El dinero rápido y el potencial económico del ladrillo forjó, empero, alianzas inquebrantables con otro resultado de sobra conocido: el 93% de los municipios, en enero de 2007, cuando terminaba el plazo de la administración, no tenían adaptado sus ordenamientos urbanísticos a la LOUA.

Hasta que vino la Junta con el asidero del POTA. Los promotores lo tienen recurrido en el TSJA, tal vez porque es un plan que pone coto  a la construcción indiscriminada, pero sotto voce deberán convenir en que, tal y como está el mercado, el nuevo plan del territorio les brinda ingentes bolsas de suelo para construir, aunque sea viviendas protegidas, que, por cierto, son las que van a tener salida en el mercado. Miel sobre hojuelas para los empresarios, por mucho que arremetan contra el endiablado POTA. Un auténtico alivio que desnaturaliza, por la vía factual , la LOUA. De manera que suelo que entre en el POTA, suelo que no computa en el PGOU y vámonos que nos vamos que estamos de feria. Bonito, ¿verdad?

Y que la fiesta no pare: brindis para los constructores, vaso medio lleno para los pobres ayuntamientos. Basta con entonar el canto del municipalismo y el top music del Estatuto para que los consistorios reivindiquen otro paso más en la flexibilización del POTA, lo que viene  a ser una ultramodulación de la LOUA. La excusa: otra vez las VPO y los suelos industriales ­realmente los dos pilares que van a tener demanda en el mercado-, para que “no se lastre el crecimiento de los municipios pequeños, en especial los de menos de 10.000 habitantes”, dicen los ayuntamientos. Traducción: para que, una vez que se han cobrado tasas y compensaciones urbanísticas a los promotores, éstos últimos no las reivindiquen a los Consistorios por la vía del incumplimiento contractual. Siempre será más fácil modificar un convenio que suprimirlo de raíz, máxime cuando se ha cobrado por adelantado y toca devolver el parné.

En este escenario nos encontramos, con un atrezzo y unos personajes que cambian en medio de la función, con errores de raccord, con inversión de papeles, con una línea argumental que se rompe y con una obra muy distinta a aquella que el espectador quería ver y para la que ha pagado su entrada. Y, encima, nadie le ofrece una explicación porque el acomodador no tiene ni idea.

¿Cómo se atreve Zarrías a hablar de que el POTA no se ha desnaturalizado? Se va la consejera a Madrid, pero lo hace como esos globos de metano que se van propulsados al cielo para acabar deshinchándose con el tiempo y conforme se escapa el gas. Desgraciadamente, no ha sido capaz de cerrar el círculo del urbanismo. Será, una vez más, el mercado el que ponga cada uno a su sitio. Pero, para esto lodos, holgaba cualquier intento de regularización.

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